Los expertos descartan que España vaya a cumplir el objetivo del 6,5 por ciento de déficit este año. Ni los primeros síntomas de recuperación económica, ni la rebaja de la prima de riesgo a su menor nivel en dos años, ni los ingresos fiscales de finales del ejercicio permitirán a nuestro país ajustarse a las exigencias de Bruselas, principalmente porque sigue sin poner en práctica el necesario ajuste de las Administraciones.
Fuentes próximas al Gobierno reconocen a elEconomista que el Ejecutivo tiene puestas sus esperanzas en el comportamiento del último trimestre. El titular de Economía, Luis De Guindos, avanzó recientemente que el PIB se contraerá por debajo del 1,3 por ciento previsto este año y que la tasa de paro también será inferior al 27,1 por ciento. Con todo, la mayoría de economistas consultados descartan que esta mejora sea suficiente y dan por hecho que nuestro país rebasará de nuevo esa línea roja.
Juan Fernando Robles, profesor y experto en Finanzas considera un "problema serio" que hasta julio se haya agotado prácticamente toda la capacidad de déficit. El agujero de las Administraciones alcanza el 5,27 por ciento del PIB, apenas 1,23 puntos por debajo de nuestro límite para este año, lo que implica un desfase de 54.293 millones.
Con estas cifras sobre la mesa, Robles lamenta que, en vez de reducir el gasto superfluo, el Gobierno optase por subir impuestos, en contra de las recomendaciones de la mayoría de expertos, e incide en que esta decisión ha perjudicado aún más al consumo, que aporta en torno al 60 por ciento al PIB.
Subidas de impuestos
El aumento de los tributos ha tenido efectos negativos en la recaudación y no ha proporcionado al Gobierno los ingresos que esperaba, como resalta Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket. Así y pese a que algunos indicadores reflejan que la crisis arrecia, los ingresos por Sociedades acumulan una caída próxima al 30 por ciento en lo que llevamos de año.
En este sentido, Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, recuerda que en los meses que restan de 2013, al Estado sólo le quedan por ingresar dos pagos fraccionados de Sociedades, los de octubre y diciembre (a los que habría que descontar los adelantos que ya se hayan producido) y otros dos de IVA en octubre y en enero próximos.
Precisamente la Administración Central es la que acumula el mayor desfase hasta julio. Despide los siete primeros meses del año con un saldo negativo del 4,55 por ciento y ha sobrepasado ya el tope del 3,8 exigido.
De hecho, sólo los ayuntamientos rozan el equilibrio presupuestario, a la luz de los datos publicados por Hacienda. La Seguridad Social registra un leve déficit del 0,05 por ciento; sin embargo, de aquí a finales de año hay que seguir abonando prestaciones sociales y los ingresos, a través de las cotizaciones, continúan de capa caída.
Reforma de la Administración
Los economistas consultados por este diario lamentan que el Ejecutivo haya renunciado a acometer una reforma amplia de las Administraciones lo que, según defienden, hubiera acelerado la reducción del gasto estructural. En concreto, Bernaldo de Quirós considera imprescindible avanzar en el cierre de empresas públicas y en la privatización de algunos servicios.
A esto hay que sumarle los efectos perniciosos de la deuda, que ha alcanzado el 92,6 por ciento del PIB hasta julio, un nuevo máximo histórico. En este punto, la recuperación económica se antoja clave.
El director del Instituto de Política Económica por la Universidad de Colonia, Juergen B. Donges incide en que nadie, ni tan siquiera el Gobierno, sabe cuándo y a qué ritmo saldrá la economía española de la recesión. Coincide con los anteriores expertos en que no podremos ajustarnos al 6,5 por ciento de déficit. Sin embargo, en términos absolutos sí ve "factible" la pretendida reducción, "y esto ya sería una buena noticia", remarca.
Manuel Balmaseda del Campo, experto de Cemex, no descarta que haya que hacer un esfuerzo adicional en materia de ingresos.
Mientras, Rafael Pampillón, economista del Instituto de Empresa defiende que la recuperación económica aumentará la recaudación ya desde el tercer trimestre y España podrá situar su déficit en el 6,5 por ciento del PIB. Asevera que el paro registrado y el gasto en prestaciones disminuyen (los desempleados de larga duración dejan de cobrar el subsidio y otros ciudadanos optan por emigrar). Al mismo tiempo los tipos de interés a los que se financian el Estado, las autonomías y los ayuntamientos están reduciéndose, lo que adelgaza el gasto financiero.
El déficit público cerró julio en el 5.27% del PIB
